El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, afirmó que es objetivo primordial del Gobierno que la reforma electoral propuesta a fines del año último, que aprobó Diputados, pero que tropezó en la comisión respectiva del Senado, llegue al recinto de la Cámara alta en marzo próximo, con el fin de que se discuta públicamente y que se pueda lograr la aprobación definitiva de una nueva ley electoral.
«La idea del Gobierno es insistir con la reforma electoral, porque pensamos que, como cuando se inició el debate, hay una deuda con la sociedad para que la gente vote mejor, de una forma más accesible, que sea más transparente el proceso, se simplifique el cronograma electoral y que tengamos resultados más rápidos, por lo que para nosotros es un debate que sigue abierto y lo vamos a continuar a partir de marzo en el Senado», enfatizó Pérez, durante una entrevista con Télam.
Es premisa del Gobierno también que cada uno de los sectores políticos exprese públicamente su posición, «porque acá tenemos que saber quienes quieren terminar con el sistema de la boleta partidaria de papel e ir a un sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), donde el Estado garantice la oferta electoral, y en donde terminemos con las colectoras, con las candidaturas múltiples, y quiénes no», señaló.
«Nosotros ya empezamos a dialogar del tema con todos los sectores, gobernadores y, fundamentalmente, con senadores, con el objetivo claro de que esto llegue al recinto del Senado en marzo», insistió el funcionario, que llegó al Gobierno desde el Frente Renovador, luego de sus inicios como diputado de la Coalición Cívica, de Elisa Carrió.
«Es posible aún lograr la reforma para aplicarse en las elecciones de este año, pero si así no se consiguiera para el proceso en curso, fundamentalmente por los plazos perentorios, es importante votarla igual este año, pensando en el 2019, porque así ya tendríamos un nuevo marco legal», justificó Pérez.
De todos modos, el funcionario precisó que «sí se podría avanzar este año en algunos puntos, como en la eliminación de las colectoras o el tema de la paridad (fija la obligatoriedad de intercalar candidatos de ambos sexos) en las listas de legisladores nacionales, además de una mejora en lo que es el control del financiamiento de los partidos políticos».
Pérez recordó que «ese debate tuvo un consenso amplísimo en Diputados, con el apoyo de Cambiemos, el Frente Renovador, el peronismo de Rodríguez Saá, el GEN de Margarita Stolbizer, el socialismo, es decir la mayoría de los bloques, excepto el Frente para la Victoria».
El ex diputado massista, que hoy confiesa sentirse plenamente identificado con la línea política del Gobierno y de Cambiemos, afirmó que busca avanzar «en que el escrutinio provisorio, que hoy es competencia del Ejecutivo, pase a la Justicia, un cambio que apunta a la mayor transparencia del proceso electoral, que, sabemos, la ciudadanía apoya mayorítariamente».
«Hay sectores que resisten estos cambios, y eso fue lo que se vio en la Comisión del Senado,como pretender que sigan las listas colectoras o sumar de distintos lugares confundiendo al elector; son prácticas arraigadas durante muchos años, como la boleta partidaria, que beneficia a los grandes aparatos políticos en desmedro de los más chicos, y termina generando inequidad en la competencia electoral», explicó Pérez.
Especificó que «hay algunos sectores del Partido Justicialista que están proponiendo reformas políticas en sus propias provincias y que, por lo tanto, están dispuestos a acompañar, como por ejemplo Córdoba, que está propiciando una cambio; Río Negro está discutiendo una reforma electoral; en Entre Ríos se ha empezado a discutir; la gobernadora Rosana Bertone en Tierra del Fuego, lo mismo; como el gobernador Das Neves en Chubut, y en Mendoza igual».
Consultado sobre cuál fue la mayor traba en el Senado para que la reforma avanzara, Pérez fue directo: «Algunos, a propósito, han trabado el tema para que no llegara al recinto y para no discutir más, como el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador Marcelo Fuentes (FPV), en lo que se tradujo en un golpe a la ciudadanía, sin advertir que en su propia provincia, Neuquén, se viene de aprobar, con su partido oficialista provincial, una reforma que incorpora, entre otras cosas, la BUE».
Sobre la confiabilidad del nuevo sistema que propone el Gobierno, Pérez indicó que «el proyecto incorpora más requisitos de control, porque habrá conteo electrónico, pero se mantiene el conteo manual, o sea que hay un doble conteo y, por otro lado, toda la auditoría de las máquinas está administrada por la justicia electoral, no por el Ejecutivo, es decir que existen muchas garantías en la ley como para que la ciudadanía confíe».