Después de los incidentes en la reciente movilización de la CGT, el sindicalismo peronista no quiere perder terreno y busca ratificar su poder en el tablero sindical. Así, parece verse forzada a ponerle fecha (entre el 4 y el 6 de abril) a un paro nacional, del que no parece muy convencida. Sin embargo, hay una fuerte división entre los gremios que la integran respecto de esa medida. Como sea, el Gobierno baraja una serie de medidas, y va a proponer además nuevas rondas de diálogo que detengan la medida de fuerza.
Ninguno de los dirigentes sindicales quieren perder la negociada restitución de los millonarios fondos de las obras sociales que otorgó el presidente Mauricio Macri, pero sienten que están obligados a presionar a la administración Macri para que corrija el rumbo de sus políticas económicas.
El Gobierno viene de pasar una semana bien complicada, con la difusión del aumento del costo de vida de 2,5 % en febrero, y la suba en los índices de pobreza del 32,9 % en la pobreza, según el informe de la Universidad Católica.
A pesar de que la masiva concentración evidenció una fuerte protesta contra la gestión, el alivio político para el oficialismo fue la brutal exposición pública de las diferencias no saldadas entre la CGT y grupos alineados con el kirchnerismo, más delegados de base y la izquierda dura.
El Gobierno no tolera la sola enunciación de una medida de fuerza, que tratará de evitar con una serie de decisiones que dejen a la CGT sin argumentos para una huelga.
Así, reglamentó al fin la Ley de Emergencia Social -que aporta 30.000 millones de pesos hasta 2019 para los grupos piqueteros. Esto llevó al líder de la Ctep (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Emilio Pérsico, a levantar la movilización prevista para el lunes 13, aunque mantenga en su hoja de ruta diversas protestas en reclamo de más «fondos para la copa de leche en comedores» de asistencia. Los piqueteros son aliados de la CGT y ahora hasta pueden compartir un palco.
Para poner paños fríos, el Gobierno relanzó el Plan Procrear, con un aporte de 60.000 millones de pesos en préstamos hipotecarios para gente de bajos recursos.
También el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, buscó no confrontar y dijo que siempre hay diálogo con la CGT y que «las reuniones son permanentes», aunque se hagan en la mayor reserva.
En ese línea orientada a una tregua, habría una nueva convocaría a la Mesa de Diálogo Social, aunque desde la CGT reiteraron a Télam que lo van a rechazar si el Gobierno «no presenta un papel firmado que detenga los despidos».
Otra gesto oficial será la reunión que Triaca, junto al ministro de la Producción, Francisco Cabrera, mantendrá por separado con sindicatos industriales para analizar los efectos de las importaciones y claro, evitar que se sumen al paro.
Por si no estuviera enrarecido el ambiente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la personería gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (los combativos Metrodelegados kirchneristas).
Una decisión que cuenta con el beneplácito del gremio de los colectiveros (UTA), que conduce Roberto Fernández, que de este modo recuperaría la exclusiva representación legal de los trabajadores del subte, algo que podría avalar el Ministerio de Trabajo.
En cualquier caso, los metrodelegados apelaron judicialmente la decisión y prometen no reportarse a la UTA. ¿Se atreverán los colectiveros a participar de una huelga si efectivamente Trabajo les reconoce que el subte está bajo su jurisdicción?
Roberto Fernández mantiene un eterno juego de presiones con el Ejecutivo para sostener los subsidios al transporte. Cuando el Gobierno amenaza con quitárselos, el gremio se endurece.
Parece que los subsidios seguirán. La Casa Rosada suspendió los aumentos previstos para alivio de los usuarios. ¿Qué harán los combativos gremios del transporte? Una verdad de Perogrullo: un paro con colectivos en la calle, disminuiría ostensiblemente su efectividad.
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