Buenos Aires

Las presiones corporativas que siempre perjudican a los usuarios

En nuestro país, la posibilidad de tener mejores servicios depende de momentos muy especiales en que la política se pone al servicio de la gente dejando a un lado, por un momento, a distintos sectores de poder con quienes se vincula de manera constante.

Son varios los argumentos que tienen que ver con las fuentes de empleo, la seguridad, las crisis, los derechos adquiridos, las “malditas multinacionales”, la compra de voluntades, etc etc, que se utilizan para un fín muy claro: mantener un negocio y de manera inalterable.

Durante el 2018, el de Uber y Farmacity fueron dos temas calientes en la agenda política de la provincia de Buenos Aires.

Uber ofrece un sistema ágil para solicitar un transporte, vehículos cómodos, buena atención (es auditada constantemente por los propios usuarios), pagar electrónicamente y un buen precio por el servicio.
Farmacity ofrece lo que cualquier otra farmacia además de productos ocasionales que los clientes pueden querer llevar de manera espontánea.

Los taxis y remises no pueden ofrecer lo mismo que Uber. No porque la multinacional sea un monstruo como afirman los gremios, sino porque quienes forman parte de la “familia taxista-remisera” no aceptan de ninguna manera la posibilidad de competir. Para competir deberían mejorar el trato con el cliente, transparentar y certificar la honestidad del servicio prestado, mejorar las condiciones de sus vehículos, dejar que los usuarios puedan calificarlos públicamente, etc, etc. Pero además, deberían dejar de ser dóciles ante sus propios gremios y negarse, con el apoyo de la política, a tener que pagar por innumerables servicios a terceros que hacen que sus ganancias se reduzcan y que los convierte en el más vulnerable de los engranajes de un sistema arcaico y autoritario.

Si analizamos los argumentos de los taxistas, remiseros y gremios en contra de Uber, sacamos dos conclusiones: son capaces de falsear la verdad y no entienden o se niegan la concepto de “servicio”.

Con las farmacias y Farmacity, directamente, no se trata de no comprender el concepto de servicio, sino de hipocresía pura que nuevamente, perjudica a los usuarios.
Las entidades que nuclean a las farmacias dicen que Farmacity va a provocar el cierre de las farmacias de barrio. Pero los vecinos, los clientes, tienen memoria. Las farmacias de barrio fueron aniquiladas por las actuales. Las farmacias de hoy pertenecen en su mayoría a empresas con varias sucursales. El viejo farmacéutico que atendía en el barrio, si tiene suerte, hoy es empleado de las empresas que destruyeron su farmacia y que ahora venden medicamentos, suplementos dietarios, productos vinculados a la sexualidad, perfumes y elementos de limpieza. Las farmacias de hoy venden prácticamente lo mismo que ofrece Farmacity y la peor consecuencia que le atribuyen es en realidad la que ellos mismos ya provocaron hace años barriendo con las farmacias de barrio.
Farmacias versus Farmacity se trata de empresas medianas versus empresa más grande, pero ninguno es ni el bueno ni el malo, sino partes de una disputa económica, comercial. No social.

Cuando llegó Carrefour a la ciudad, no provocó el cierre de almacenes, ni mueblerías ni ferreterías. Cuando llegó Día% no cerraron los mercaditos barriales ni supermercados. Tampoco cuando proliferaron los supermercados Chinos y tampoco cerraron ferreterías cuando desembarcó Easy.

Ya dejando de lado los falsos argumentos de los gremios y las empresas para empujar con el codo a cualquiera que amenace su negocio tal como está, todavía nos queda una parte. Nos falta pensar en el vecino.

Clara y obviamente, a las empresas, gremios y trabajadores no les interesa el usuario-cliente-vecino. Les interesa su propio beneficio. Es por ello que quienes deben preocuparse por ellos son sus representantes (gobiernos y legisladores). Y aquí se presenta quizá el mayor obstáculo para que la gente disfrute de mejores servicios: los vínculos políticos y la obsecuencia.

En Mendoza, Uber es legal y está regulado. No fué gracias al apoyo de los gremios ni de los dueños de licencias de taxis. Fué una desición política pensando en los usuarios y en las posibilidades de desarrollo en cuanto a servicios a los que se puede acceder con tecnología e inteligencia.

En provincia de Buenos Aires, ningún poder político habla de Uber. La idea es quedar bien con los gremios y no tener que enfrentar medidas de fuerza a meses de las elecciones. Los vecinos pueden esperar y seguir usando el servicio tal y como es. Los vecinos no pueden elegir, porque no hay libertad de competencia. El acuerdo de la política con las estructuras gremiales dejan fuera de análisis al vecino.

A modo de ejemplo, recuerdo que hace pocos meses, un diputado de Cambiemos, el marplatense Guillermo Castello, presentó un proyecto no sólo para permitir la llegada de Uber y similares, sino también para regularlos. No fueron diputados opositores quienes salieron a criticarlo. Sus propios compañeros de bloque fueron quienes le llevaron calma a los gremios que mientras reclamaban por la defensa de las fuentes de trabajo, atacaban violentamente a los vehículos, choferes y pasajeros de Uber y Cabify, servicios que según determinó la justicia, no son ilegales. Los políticos no se solidarizaron con las víctimas de la violencia sindical. Hombres, mujeres y niños (está documentado en las denuncias) sufrieron descarnadamente la violencia de las patotas autodenominadas “caza Uber”. Fueron legisladores de Cambiemos quienes le expresaron públicamente a los distintos gremios que el proyecto de Castello ni siquiera sería tratado ya que ellos no lo acompañarían.

Por el momento, más allá de estar de acuerdo o nó con la llegada de Uber y otros, ni con que Farmacity se expanda en el interior de la provincia, un sólo representante del pueblo decidió poner el tema sobre la mesa, pensando principalmente en los usuarios, los vecinos.
Tal vez el proyecto del diputado Castello sea bueno. Tal vez sea malo, pero es el único que ha propuesto pensando en los vecinos, en debatir con otros sectores y con la idea de que la competencia entre proveedores de servicios (eso son los taxistas y remiseros, proveedores de servicios) es la mejor manera de que trabaje más quien mejor lo hace. También aplica a las farmacias y Farmacity. Quienes brinden los mejores servicios para sus usuarios serán merecedores de mayores ganancias. Esa competencia es buena para los trabajadores, justa para los empresarios y beneficiosa para los usuarios. Es la forma que permite e incentiva el progreso.

Con respecto a los representantes políticos del pueblo, se mantienen atentos a satisfacer a sus superiores, a quienes puedan fiscalizarles la elección o quienes le garanticen un buen balance de beneficios en un año electoral.

Según el censo de 2016, en General Pueyrredon hay 860.000 habitantes que no pueden elegir. Que deben ser pasivos aportantes a sistemas monopólicos.
Nada peor que no poder elegir.

C. Piperno para Agencia País
Foto: @elramafuentes

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